La asistente letrada Analía García formuló cargos contra un varón por haber privado ilegalmente de la libertad a su expareja y a tres hijos menores de edad, en un hecho ocurrido en la localidad de la región Confluencia. La acusación fue realizada durante una audiencia de formulación de cargos ante el juez de garantías Juan Guaita.
En la misma audiencia, y ante el riesgo para la integridad psicofísica de la víctima y su grupo familiar, la fiscalía solicitó medidas de protección, que fueron dispuestas por el magistrado por un plazo de cuatro meses: la colocación de un dispositivo dual de monitoreo, la prohibición de concurrir a Zapala y alrededores -donde viven las víctimas- hasta tanto se efectivice el sistema, y presentaciones semanales en la Comisaría 16 de Neuquén.
De acuerdo con la acusación, el hecho concluyó el 10 de enero, alrededor de las 15, cuando personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre y del Departamento de Búsqueda de Personas halló al imputado, junto a su expareja y tres hijos menores —dos niños y una niña, todos menores de 10 años— en un puesto ubicado sobre la Ruta 67, propiedad del acusado.
La fiscalía sostuvo que el imputado trasladó a la mujer y a los niños en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su actual pareja. Permanecieron privados de la libertad, al menos, desde la noche del 9 de enero hasta la tarde del día siguiente. Durante ese lapso, el acusado le quitó el chip del teléfono celular a la víctima con el objetivo de mantenerla incomunicada. El hecho fue encuadrado en un contexto de violencia de género.
La asistente letrada García atribuyó al varón, el delito de privación ilegal de la libertad, en carácter de autor (artículos 45 y 141 del Código Penal). Además, señaló que el imputado contaba con una suspensión de juicio a prueba vigente dictada en la ciudad de Zapala, que incluía la prohibición de contacto con la víctima y la prohibición de ejercer actos de violencia o perturbación hacia ella. Ante el incumplimiento de las condiciones del beneficio, ese proceso volverá a la instancia en que fue suspendido y avanzará hacia el juicio.
Durante la audiencia realizada ayer, la fiscalía solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria y propuso un plazo de cuatro meses, pedido que fue admitido por el juez Guaita, quien tuvo por formulados los cargos al considerar que la evidencia reunida —entre ella, intervenciones de fiscalías de Zapala, defensorías del niño y reportes policiales— resultaba suficiente para avanzar con el proceso.