Un tribunal de revisión, confirmó hoy la prisión preventiva que había sido impuesta el sábado a un varón, imputado por el asistente letrado Pablo Jávega por tener casi tres kilos de cocaína y ocho armas de fuego, entre ellas una ametralladora y varias pistolas semiautomáticas, en su vivienda del barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén.
La audiencia se realizó por un pedido del defensor particular del imputado, Maximiliano Gómez, quien solicitó que se revoque la medida de coerción dispuesta por la jueza de garantías Carina Álvarez y que se adopten alternativas menos gravosas: una libertad controlada con comparendos periódicos o un arresto domiciliario.
El tribunal, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Juan Guaita, rechazó los planteos de la defensa y ratificó la prisión preventiva, como lo solicitó el representante de la fiscalía de Narcocriminalidad, aunque introdujo una modificación: redujo a 2 meses el plazo de 4 meses que había resuelto la jueza Álvarez en la audiencia de formulación de cargos realizada el sábado. Esa decisión del tribunal no fue a partir de un pedido de ninguna de las partes.
Riesgos
El representante del MPF, Pablo Jávega, solicitó la prisión preventiva al momento de formular los cargos, argumentando la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Explicó que el acusado cuenta con recursos económicos –sólo las drogas secuestradas tienen un valor de mercado cercano a los $90 millones-, acceso a armas de fuego y vínculos que podrían facilitar su evasión, además de la posibilidad concreta de interferir en la obtención de pruebas o influir sobre testigos.
“La casa era un lugar de acopio y guardado de las armas, además de ser el punto donde se almacenaba la droga destinada a la comercialización”, sostuvo el asistente letrado durante la audiencia inicial.
La investigación, dirigida por la fiscalía de Narcocriminalidad junto a la Policía provincial, permitió establecer que en un allanamiento realizado el 9 de octubre se secuestraron 2,9 kilos de cocaína enterrados en el patio de la vivienda, además de una ametralladora calibre 9 mm, pistolas semiautomáticas, revólveres, una carabina con mira telescópica y numerosos cargadores y municiones.
El tribunal de revisión consideró que los fundamentos presentados por la fiscalía continúan vigentes y que la prisión preventiva resulta proporcional y necesaria para garantizar el avance de la investigación y la comparecencia del imputado al proceso.
