La comisión de Producción, Industria y Comercio (E) tuvo ayer una jornada de debate sobre la decisión del gobierno nacional de flexibilizar la barrera patagónica zoofitozanitaria. Participaron funcionarios de la cartera de Producción, autoridades de la Sociedad Rural, productores, investigadores y veterinarios, quienes se pronunciaron en contra de la medida, principalmente por los efectos sanitarios que implicaría para la región, que mantiene un estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación. Coincidieron en que una alternativa posible sería expandir el estatus sanitario al resto del país.

El debate se enmarcó en el tratamiento del proyecto impulsado por el bloque JxC-UCR, que pide que se revoque la resolución del SENASA –momentáneamente suspendida- que pretende modificar las condiciones sanitarias actuales.

Al iniciar la discusión, el Subsecretario de Producción, Juan Marcelo Zúñiga ponderó la solicitud del gobierno provincial de extender el estatus sanitario patagónico al resto del país. En cuanto al elevado valor de la carne en góndola, informó que se están realizando reuniones con los distintos eslabones de la cadena productiva para “evaluar dónde hay distorsión en la elaboración del precio”.

Por su parte, Marcos Lauge –director de Ganadería y Salud Animal- aseguró que la provincia consolidó su producción desde el surgimiento de la barrera (2013) con una “clara evolución” de la ganadería territorial y advirtió sobre el peligro de erradicarla, medida que además –según vislumbró- no garantiza la reducción en el precio de la carne local.  

A su turno, desde el Colegio de Veterinarios de Neuquén, Héctor Bergagna y Roberto Fattorini reforzaron el carácter sanitario de la barrera al asegurar que no circule el virus en la región. Hicieron hincapié en que su levantamiento implicaría un posible contagio para el ganado local, con la consecuente pérdida de mercados externos para exportar la producción. Al respecto, recordaron que la apertura de la barrera zoofitosanitaria en Bariloche durante la década del ’90 derivó en focos de aftosa en la producción porcina, con grandes incidencias en su comercialización y sanidad.

Por su parte, Cecilia de Larminat –presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén- advirtió que la medida implica “un riesgo” por lo que le pedirán al gobierno nacional su derogación. Dijo que el problema “no es de precios sino geopolítico” tras argumentar que la producción en la Patagonia conlleva otros costos y sacrificios y que el estatus vigente logra un “agregado de valor que compensa esa marginalidad para producir”. Reparó, además, en que el levantamiento de la barrera podría derivar en el cese de la actividad de muchos productores que no encontrarán rentabilidad.

También desde la Sociedad Rural, Diego García Rambeaud –integrante de la comisión directiva- reparó en la necesidad del productor de contar con “seguridad jurídica, reglas claras y estabilidad” en la actividad. En ese marco recordó que a principios de año el gobierno aseguró que no habría intervenciones en la barrera, sin embargo en marzo el SENASA emitió la resolución en cuestión, lo que implica “cambios en las reglas del juego”.  

Finalmente, Luis Tiscornia –docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo- calificó de “retroceso” la intención de quitar la barrera, por el impacto que tendría en la producción y en la salud de la población. Dijo que no es adecuado contraponer la conformación del precio de la carne vacuna –determinado por múltiples factores- con el estatus sanitario, por lo que pidió que se analice el conjunto de la cadena productiva para evaluar el eslabón en el que se produce la distorsión. Mencionó que los principales países productores y exportadores tienen el mismo estatus –sin vacunación- por lo que constituye un objetivo necesario y de prioridad “nacional” y no regional, remarcó.

En su intervención, socializó los datos del informe realizado por el equipo de investigación que integra. Los mismos dan cuenta de un crecimiento del orden del 165% en la faena de ganado en Neuquén y Río Negro desde el inicio de la barrera hasta el 2023. El informe también asegura que se incrementó de tres a ocho los mataderos habilitados y se aumentaron los índices de la producción en general.

Tiscornia mencionó que son poco más de 5700 los productores de Patagonia norte, de los cuales el 89% tiene menos de 500 cabezas de ganado, lo que se traduce en empresas pequeñas o familiares.

El proyecto permanecerá en comisión.