Luego de que, por segunda vez, tuviera que pedir la reprogramación de una audiencia para formular cargos por distintos delitos cometidos en el marco de una asociación ilícita debido a la ausencia de un abogado y sus defendidos, el fiscal del caso Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya solicitaron al juez que los sancione: al abogado, que le imponga el pago de multas y la notificación al Colegio de Abogados para que se le retire la licencia; y a las personas acusadas, que se las declare en rebeldía.
De Lillo informó que la fiscalía está en condiciones de formular cargos desde septiembre de 2024, pero que en un principio la defensa solicitó distintos plazos para intentar otras vías de resolución, por lo que la imputación se postergó. Cuando esas instancias fallaron, el Ministerio Público Fiscal intentó formular cargos, primero en febrero, cuando el abogado y sus defendidos faltaron, y el viernes, donde volvieron a ausentarse.
“Estamos investigando una asociación ilícita en el marco de la cual se han cometido delitos de extorsión, falsificación de documentos, usurpaciones, hurtos y demás”, anticipó el asistente letrado Amaya durante la audiencia realizada el viernes, en la que estaba previsto formular cargos a todas las personas imputadas. Sin embargo, ante la segunda ausencia sin justificación de E.G.B, A.V.C y F.M.M y de su abogado, Jorge Alejandro Pschunder, a pesar de que habían sido notificados, los representantes de la fiscalía pidieron al juez de garantías Ignacio Pompo que disponga medidas para poder avanzar en el proceso.
Respecto del abogado, el magistrado explicó que el procedimiento de sanciones establece que, antes de la imposición de multas, se inscriba el incumplimiento en el registro provincial de sanciones de la Oficina de Asistencia de Impugnación del Poder Judicial, y así lo dispuso.
En referencia a las tres personas imputadas que no asistieron a las audiencias, el juez ordenó que sean notificadas de una nueva audiencia que fijó para el 9 de junio, y dispuso que las dos que viven en Villa La Angostura, sean trasladadas por la fuerza pública. Si vuelven a ausentarse, al igual que otro imputado que tiene domicilio en Buenos Aires, explicó que la fiscalía podrá solicitar la declaración de rebeldía y captura.
Los pedidos de sanciones y las advertencias no alcanzan al resto de las personas imputadas, ya que sí se han presentado a las distintas audiencias.
La investigación se enmarca en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas sobre tierras ubicadas en el paraje El Rincón. En ese contexto se le atribuye a las personas acusadas haber cometido distintos tipos de delitos.