La fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formularon cargos a un varón que, durante la madrugada del lunes, fue detenido con un arma de fabricación casera y una mochila con drogas, dinero y elementos destinados a la venta de estupefacientes.
Todo ocurrió en cercanías de la esquina de calles Salta y Puerto Madryn, de Centenario. Aproximadamente las 1:55, el imputado circulaba a pie, llevando en sus manos un arma de fuego tipo tumbera, con un cartucho en su interior percutido, y dos cartuchos más en el bolsillo calibre 12 marca Orbea.
Personal policial que había escuchado una detonación intentó identificarlo, y tras una breve persecución, el acusado fue detenido. Inmediatamente le secuestraron el arma y los cartuchos, además de una mochila. Tras la requisa ordenada por la fiscal Moreira y autorizada por un juez de garantías, se encontró droga fraccionada y lista para fraccionar, balanzas, dinero en efectivo y recortes de nylon para armar las dosis.
En total, precisó el asistente letrado Jávega, el imputado llevaba:
-42 envoltorios de nylon, con 33 gramos de cocaína.
-1 envoltorio de nylon con 92 gramos de cocaína compactada.
-4 envoltorios de nylon de distintos tamaños, con un pesaje total de 249 gramos de cocaína.
-1 envoltorio de nylon conteniendo un total de 26 gramos de cannabis sativa.
-Recortes de Nylon.
-Una balanza.
-Dinero en efectivo por $119.000 pesos.
-3 cartuchos calibre 12.
Los representantes de la fiscalía encuadraron los hechos en el delito de tenencia de drogas con fines de comercialización (artículos 5, inciso “c”; y 34, ambos de la Ley 23.737; artículo 77 del Código Penal; artículo 1 de la Ley 3.488); en concurso real con portación de arma de guerra (artículo 189 bis del Código Penal), en calidad de autor (artículos 45 y 55 Código Penal).
Tras precisar la acusación, el asistente letrado solicitó al juez que fije 4 meses de plazo de investigación y explicó que existen riesgos procesales que se deben cautelar.
La fiscal del caso explicó al magistrado que principalmente por la solidez de la imputación, las características del hecho y la pena en expectativa, permiten pensar en que el imputado no se someterá al proceso.
Argumentó también que, por tratarse del último eslabón de la cadena de comercialización, el imputado podría entorpecer la investigación, que podría llevar a otros integrantes de la organización. Además, señaló que conoce y puede influir en los posibles testigos del disparo que se le atribuye.
La defensa se opuso a la prisión preventiva, y pidió que alternativamente se fije una detención, pero bajo la modalidad domiciliaria.
Al momento de resolver, el juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos, fijó la investigación en 4 meses y coincidió en que el riesgo procesal se debe cautelar, pero resolvió imponer la prisión domiciliaria peticionada por la defensa.