La diputada del FdT Soledad Martínez expresó hoy en el recinto, en el marco del pedido de interpelación al ministro de Desarrollo Social provincial Abel Di Lucca, que la justicia investiga la posible comisión de un delito respecto de uno de los programas, pero los diputados y diputadas queremos conocer cuál es la cadena de responsabilidades políticas en esta situación.
Sobre la discusión del pedido de preferencia para la convocatoria del funcionario a la Legislatura, a quien la diputada Marita Villone definió como “un gran militante”, Martínez detalló que el mecanismo tiene todas las garantías necesarias, “no podemos seguir siendo los diputados meros espectadores de un proceso de investigación que hasta el momento tiene de los ribetes más escandalosos de los últimos tiempos”.
Destacó la legisladora que el Ministerio de Desarrollo Social organiza, financia, controla y ejecuta un paquete enorme de ayudas sociales, y se busca conocer cuáles son las condiciones de ingreso a las mismas, cómo se monitorean y se fiscalizan, entre algunos de los interrogantes.
Ponemos la responsabilidad en el poder político y en la cartera de Desarrollo Social, no hacemos señalamientos a usuarios de los programas o a la potencial población beneficiaria de los mismos expresó Martínez, y “no podemos seguir la investigación judicial con indiferencia, ya que en ella no hay posibilidad de incidir en los tiempos y conocer más detalles que los que trascienden en los medios de comunicación respecto de lo informado eventualmente por la fiscalía”.
La preferencia para convocar al Ministro a dar las explicaciones sobre el caso y precisar los detalles de las políticas a su cargo, no contó con el acompañamiento del bloque oficialista y sus diputados y diputadas aliadas.