La fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo formularon a tres personas por tener drogas para comercializar en el barrio La Meseta, de Añelo, en dos casas ubicadas entre una escuela primaria y un instituto de oficios.
Se trata de un varón, D.S.O; y dos mujeres, Y.A.I y R.M.S, a quienes se les imputó haber comercializado estupefacientes, pero también el delito previo, como implica la tenencia de esas sustancias prohibidas con fines de venta.
Durante una audiencia realizada hoy, Titanti afirmó que de acuerdo con la investigación desplegada por el área de Antinarcóticos de la Policía Provincial, las imputadas y el imputado desplegadas llevaron a cabo la actividad en dos domicilios lindantes, en dos viviendas lindantes del Barrio “La Meseta”. La fiscal ubicó espacialmente los puntos de venta, y destacó que se encuentran “a 150 metros de la Escuela Primaria N.º 368 y a 100 metros del Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo”.
Según se pudo determinar, “al menos desde el 18 de abril de 2025 y hasta el 18 de junio, cerca de las 17, D.S.O y Y.A.I vendían estupefacientes desde uno de los lotes, domicilio en el que residen; mientras que, en forma paralela y coordinada, al menos desde el 1 de mayo de 2025, R.M.S realizaba la misma actividad ilícita desde la casa lindante, donde también vive”.
La metodología:
La fiscal del caso precisó al juez de garantías Juan Guaita que las personas acusadas “atendían a los compradores desde la puerta de ingreso a las viviendas, haciendo allí el intercambio del envoltorio con cocaína por dinero o pago virtual, retirándose, los compradores, tras unos minutos”. Detalló que los pagos se hacían en efectivo o mediante el uso de billeteras virtuales, y en ocasiones, quienes llegaban para comprar drogas eran derivados a la casa contigua.
La venta terminó el 18 de junio pasado, con una serie de allanamientos en los que se individualizaron los domicilios y, además de detener a las personas acusadas, se secuestraron drogas (12 gramos de cocaína y 14 de marihuana), postnet, teléfonos, cámaras de vigilancia, balanzas de precisión, teléfonos y dinero. La acusación fiscal se basó principalmente en los movimientos de dinero y la comprobación de la actividad de venta, a partir de la investigación previa.
Ambos representantes de la fiscalía encuadraron los hechos en el delito de comercio de estupefacientes, en carácter de coautores (artículos 5, inciso “c”, de la Ley 23.737; y 45 del Código Penal), agravado por la participación de tres personas.
Medidas cautelares:
“Estamos frente a un riesgo de no sometimiento al proceso”, sostuvo Titanti al momento de pedir la aplicación de medidas cautelares. Explicó que si bien en Añelo, al menos, desde 2023, no tienen arraigo laboral ni actividad lícita conocida, aunque sí administran grandes sumas de dinero: según un informe de Arca, D.S.O recibió entre enero y abril de este año, $47 millones a través de billeteras virtuales; mientras que R.M.S, en el mismo período, tuvo transferencias por $9 millones a su favor. Entre 2024 y 2025, el monto respecto del dinero que D.S.O obtuvo a través del celular ascendió a $85 millones.
El pedido para contrarrestar el riesgo de fuga consistió en que las personas imputadas cumplan prisión domiciliaria en otro domicilio, que deberá ser verificado previamente, para evitar que retornen la actividad de venta en los lugares en los que fueron detenidas. Titanti y Miciullo también solicitaron que se les prohíba contactarse entre sí ni con testigos.
El juez de garantías tuvo por formulados los cargos y convalidó la medida cautelar planteada por la fiscalía. Entre los aspectos que consideró, tuvo en cuenta el poderío económico de las personas imputadas, que además del dinero está implícito también en la disponibilidad de 4 vehículos que eran utilizados para proveerse de los estupefacientes desde localidades cercanas, e impuso la prisión domiciliaria en los términos que la solicitó la fiscalía.