El fiscal del caso Víctor Salgado formuló cargos a un varón que, en un intento por resolver por su cuenta un conflicto que se originó por el supuesto robo de animales, persiguió con su camioneta a una pareja, la amenazó con un arma y la golpeó.
De acuerdo con la teoría del caso que expuso el fiscal durante una audiencia realizada el sábado, la agresión se produjo durante la tarde del viernes. Junto a la asistente letrada Romina Travieso, Salgado relató que cerca de las 20, un varón y una mujer se trasladaban en un vehículo junto a sus dos hijas, de 7 y 10 años, por Avenida Don Bosco, de Chos Malal. A la altura del Centro de Formación Profesional 27, J.A.B cruzó su camioneta por delante del auto en el que se trasladaban las víctimas, que se vieron obligadas a detener la marcha. En ese momento, J.A.B descendió de su camioneta y se dirigió hacia el conductor del auto con un arma de fuego color negra, se la apoyó en el lado izquierdo de la panza y lo amenazó. La mujer, quien vio todo desde el asiento del acompañante, le advirtió al imputado que llamaría a la policía, por lo que éste retornó a su camioneta y retomó la marcha.
Ambos vehículos continuaron por el camino hasta llegar a la altura del barrio “El Sauce”, frente a un puesto de comidas, donde la pareja y el imputado bajaron del auto y de la camioneta. “J.A.B le propinó al varón un golpe con la parte de la culata del arma de fuego en el sector de la ceja derecha, provocando una herida cortante”, indicó Salgado. “Como consecuencia del golpe, la víctima cayó al piso, donde J.A.B le dio dos patadas en la altura del abdomen y escapó en dirección al río, llevándose el arma, para luego volver sin ella”, agregó. En ese instante, la mujer se interpuso en defensa de su pareja, pero el imputado terminó golpeándola a ella.
Todo terminó con la llegada de la policía, que detuvo a J.A.B y, en un rastrillaje por el lugar, halló el arma.
La asistente letrada Travieso encuadró lo ocurrido en los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, en concurso real con lesiones leves, en calidad de autor (artículos 149 bis, 89, 45 y 55 del Código Penal).
Los representantes de la fiscalía advirtieron que restan pocas medidas para concluir la investigación, por lo que pidieron un mes de plazo. En ese tiempo, se relevarán cámaras, se peritará el arma y se pedirá un informe al Registro Nacional de Reincidencia.
La defensa pidió dos meses. Explicó que el conflicto se originó por una denuncia previa, en la que a principios de mayo, el imputado fue víctima de un hurto o robo. Indicó que “son vecinos y habría denuncias cruzadas”, por lo que intentará arribar a un acuerdo que resuelva “el conflicto primario”.
En tanto, para proteger tanto a las víctimas como a la investigación, el fiscal Salgado requirió que se prohíba al imputado acercarse a un radio de 100 metros de los denunciantes.
Tras escuchar a las partes, el juez Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos, fijó las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y dispuso que el plazo de la investigación será de dos meses.