La fiscal del caso Natalia Rivera formuló cargos a un varón cuya casa fue allanada en la ciudad de Chos Malal y en la que se encontró cocaína para la comercialización.
La acusación la realizó ayer por la mañana, durante una audiencia en la que pidió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva, lo cual fue rechazado por una jueza de garantías.
La detención del varón,  fue ordenada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) el sábado pasado, luego de un allanamiento realizado en su vivienda. Durante el procedimiento, se encontraron 6,87 gramos que estaban dentro de un ropero en una habitación, distribuidos en seis envoltorios de nylon; otro envoltorio con 0,25 gramos de cocaína en una mesa de luz; recortes de nylon que se utilizan para envolver la sustancia; y un plato sobre una mesa en el living con restos de cocaína.
La investigación que lleva adelante el MPF en conjunto con el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, comenzó hace alrededor de un mes. En este contexto, se hicieron observaciones en distintos lugares y de los cuales surgieron al menos dos maniobras de ‘pasamanos’” entre el acusado y supuestos compradores, en la calle y en un taller mecánico.
Entre las medidas pendientes, la fiscal del caso mencionó que se solicitó la apertura de seis teléfonos celulares que fueron secuestrados para analizar su contenido, y también se requirió informes a Mercado Pago para analizar posibles transacciones vinculadas a la venta de estupefacientes.
El delito que la fiscal del caso atribuyó al imputado, fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Como medida de coerción, requirió la prisión preventiva por el plazo de dos meses. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación de parte del acusado.
En simultáneo, solicitó a la magistrada que disponga el bloqueo de la cuenta de Mercado Pago.
La jueza de garantías Vanesa Macedo Font, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en dos meses.
Sobre el pedido de prisión preventiva, la magistrada lo rechazó por considerar “desproporcionada” la solicitud, y resolvió imponer al imputado la prohibición de ir hacia el taller mecánico y de tener contacto con una persona que allí trabaja, por el plazo de dos meses.
También rechazó el pedido de bloqueo de la cuenta de Mercado Pago, con el argumento de que el MPF no suministró el número de teléfono del celular del imputado.