Por pedido del fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, el único acusado por el homicidio de Luciano Hernandorena, cometido el 1 de septiembre de 2024 durante una fiesta en Cutral Co, continuará en prisión preventiva por otros 4 meses.
Se trata de R.V.G.A, quien permanece detenido desde que se le formularon cargos y quien será juzgado el 2 de junio próximo. El principal argumento del fiscal Liotard para solicitar que se mantenga la medida cautelar es la necesidad de evitar una eventual fuga, pero esencialmente, proteger los testimonios de las personas que deben prestar declaración en el juicio.
La teoría del caso de fiscalía es que el 1 de septiembre de 2024, cerca de las 6 y tras discutir con Luciano Hernandorena, R.V.G.A le efectuó un disparo en la zona del pecho que le ocasionó la muerte. Ambos se encontraban en una chacra ubicada en el barrio Colonia 2 de Abril de Cutral Co, donde se desarrollaba una fiesta. Después de dispararle a Hernandorena, el personal de seguridad de la fiesta intentó retener a R.V.G.A, quien dejó caer el arma y escapó del lugar. Luego, se pudo determinar que el imputado se había trasladado hacia Añelo, donde fue capturado por la policía.
El delito por el cual el R.V.G.A se encuentra acusado es homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal).
Durante una audiencia realizada ayer en Cutral Co, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que los riesgos procesales que se identificaron al inicio de la investigación se mantienen, tal como lo entendieron “11 jueces” en “6 audiencias” que se realizaron para analizarlos. “Y ahora se encuentra más marcada la necesidad de protección de los testimonios de los testigos, y esa libertad absoluta no puede ser cautelada de otro modo que no sea con una prisión preventiva”, afirmó.
Luego estimó que “tenemos fecha de juicio de responsabilidad, previsto para la semana que inicia el 2 de junio” y pidió al juez de garantías Lisandro Borgonovo la renovación de la prisión preventiva por cuatro meses. A este pedido se sumó la querella en representación de familiares de la víctima.
La defensa particular, por el contrario, pidió que R.V.G.A pase a cumplir una detención domiciliaria, con prohibición absoluta de contactar a testigos.
Tras escuchar a las partes y ante el avance de la investigación y sin que hayan variado los peligros procesales, el juez de garantías hizo lugar a todos los pedidos de la fiscalía y ordenó la extensión de la prisión preventiva hasta el 3 de septiembre.