El pasado 23 de mayo, docentes del CPEM N° 101 y de sus anexos educativos en las Unidades de Detención N° 31 y 32, junto a representantes gremiales de ATEN, declararon el estado de emergencia educativa en el sistema carcelario de Zapala.

La medida, fue tomada en una reunión institucional donde se denunció la grave vulneración del derecho a la educación de las personas privadas de libertad y el deterioro de las condiciones de trabajo docente.
Durante dicho encuentro, desarrollado en la sede del CPEM N° 101, CFP 41 y EPA 15, las y los docentes expusieron con firmeza las condiciones edilicias deplorables, la falta de recursos básicos, los riesgos de violencia y la ausencia de garantías institucionales para ejercer la tarea educativa.

A raíz de estas intervenciones, el director de Asuntos Penitenciarios y gran parte de la cúpula policial de seguridad decidieron retirarse del encuentro, manifestando sentirse agraviados por los señalamientos realizados por el cuerpo docente.

Frente al silencio de las autoridades y la falta de respuestas concretas, el equipo docente avanzó en la vía judicial.

Este lunes, se confirmó que el Juzgado de Ejecución Penal de la Tercera Circunscripción Judicial dio lugar a una acción de hábeas corpus correctivo y colectivo, presentada en favor de los estudiantes privados de libertad y en resguardo de los derechos laborales del personal docente.

La acción reclama, entre otros puntos:
*La provisión urgente de condiciones edilicias adecuadas,
*La suspensión de actividades en espacios considerados inseguros o degradados,
*El cese de citaciones policiales informales a trabajadores/as de la educación,
*La habilitación de espacios alternativos para garantizar la continuidad pedagógica en condiciones dignas.

Este miércoles 29 de mayo, las y los docentes ampliarán la demanda en una audiencia ante el juez interviniente, con participación de representantes institucionales, gremiales.

Con esta medida, el colectivo docente vuelve a insistir: sin condiciones materiales, sin resguardo institucional, y sin voluntad política de garantizar derechos básicos, no hay educación posible en contextos de privación de la libertad.