La fiscal del caso Paula González hizo reserva de impugnación contra una decisión judicial, durante una audiencia realizada hoy y en la que un tribunal le indicó que solicite una pena menor a la que pretendía, tanto a la representante del Ministerio Público fiscal como a la querella particular, la abogada Gisela Moreira, que representa a la víctima.
El caso comprende a cuatro policías que fueron condenados por vejaciones y encubrimiento en un hecho en el que la víctima fue un hombre de la ciudad de Neuquén.
En principio, la fiscal del caso y la querella requirieron penas para Sixto Esteban Meza Vitale y Jorge Diego Sevilla, quienes fueron condenados por vejaciones, en el primer caso; y por lesiones graves, agravadas por ser un policía en abuso de sus funciones y en concurso ideal con vejaciones, en el segundo. Respectivamente, la fiscal solicitó 4 y 8 años de prisión efectiva y el doble de inhabilitación. La querella pidió penas más altas, de 5 y 10 años, también con inhabilitaciones por el doble de tiempo, en cada caso.
Reserva de impugnación:
Los otros dos policías condenados son Luis Canales y Julio Alberto Sandoval, por los delitos de encubrimiento agravado por su carácter de funcionario público, en calidad de coautores.
En estos casos, la fiscalía pidió inicialmente una pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación especial por 10 años, más accesorias legales y costas; mientras que la querella planteó 1 año más de prisión y 2 más de inhabilitación.
La reserva de impugnación comprendió la situación de estos dos últimos efectivos policiales. El presidente del tribunal Andrés Repetto, planteó que en la sentencia escrita en la que estaban detallados los delitos y los artículos del Código Penal por el cual habían sido declarados responsables penales, figuraba un número que no correspondía: artículo 279, inciso 3 “d”. Este error limitaba la pretensión de pena del Ministerio Público Fiscal y de la querella.
Ante esta situación, la fiscal pidió un cuarto intermedio de 24 horas para analizar lo ocurrido, debido a que consideraba que las solicitudes del Ministerio Público Fiscal y de la querella habían sido realizadas correctamente. El presidente del tribunal rechazó el pedido y le indicó a ambas partes que readecuaran sus pretensiones.
“A partir de que no me da la posibilidad de analizar la situación y de que nos está conminando en esta audiencia, voy a solicitar el máximo legal de 3 de prisión efectiva más 10 años de inhabilitación especial”, sostuvo la fiscal. La querellante particular también solicitó el máximo de la pena.
De todos modos, ambas partes plantearon la reserva de impugnación de lo resuelto durante la audiencia, con el objetivo de poder discutir ante un tribunal de impugnación las limitaciones impuestas en el día de hoy.
Asimismo, luego de la audiencia, la fiscal del caso, junto al fiscal jefe Pablo Vignaroli se reunió con la abogada querellante para analizar la situación. No descartaron la posibilidad de que, en las próximas horas, se requiera que el tribunal aclare la situación antes de tomar una resolución sobre las penas a imponer.