El fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Nadia Pérez solicitaron que un condenado por delitos contra la propiedad que, a la espera de que la pena de 3 años de prisión efectiva pudiera hacerse efectiva, era monitoreado con una tobillera electrónica en su domicilio, pase a cumplir prisión preventiva.
Se trata de Franco Isaiat Vega Muñoz, quien de acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, entre las 22:20 del 25 de marzo y las 2:30 del día siguiente, rompió el dispositivo mediante el cual la policía de la provincia podía certificar sus movimientos y se ausentó de la vivienda en la que debía cumplir una detención domiciliaria durante al menos 4 horas.
Durante una audiencia realizada ayer, la asistente letrada Pérez explicó los hechos a la jueza Natalia Pelosso y formuló cargos por el delito de daño agravado por tratarse de un bien público (la tobillera), en carácter de autor (artículos 184, inciso 5, y 45 del Código Penal).
Vega Muñoz había sido condenado a 3 años de prisión efectiva, en diciembre de 2024, por una serie de delitos contra la propiedad. A la espera de que la pena pudiera ser ejecutada, se le impuso prisión domiciliaria. En enero pasado, precisó el fiscal Maitini en la audiencia, el condenado incumplió la detención y cometió un hurto, por lo que la fiscalía pidió que se le impusiera prisión preventiva. Un juez de garantías hizo lugar, pero luego, un tribunal, volvió a disponer que la detención fuera en su domicilio. En ese marco cometió el nuevo incumplimiento y el daño de la tobillera.
Tras escuchar a las partes, la jueza Pelosso compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal, tuvo por formulados los cargos por romper el dispositivo electrónico y ordenó la prisión preventiva por dos meses. “Entiendo el riesgo de fuga en el sentido de no respetar las normas para que la pena se pueda cumplir, y la prisión domiciliaria no es para salir a pasear”, afirmó.