Por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narvaez, uno de los imputados como jefes de una asociación ilícita que realizó estafas con la administración de planes provinciales de asistencia al desempleo, el exfuncionario Ricardo Soiza, seguirá detenido en su domicilio.
Soiza estuvo en prisión preventiva desde julio de 2023, luego de las primeras formulaciones de cargos realizadas por la fiscalía. Desde ese momento, la medida cautelar fue confirmada en distintas oportunidades, siempre a partir de la necesidad de resguardar el proceso y evitar que influyera en otros coimputados o testigos de los hechos que se investigan.
Luego, en una audiencia realizada en septiembre de 2024, su defensa pidió que se cambie la modalidad de cumplimiento a domiciliaria debido a cuestiones relativas a su salud y la jueza de garantías Carina Álvarez la concedió.
Durante la audiencia de hoy, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la extensión de la detención domiciliaria, que se encontraba próxima a vencer, por seis meses más. Argumentaron que siguen vigentes los mismos riesgos procesales y pidieron también que se mantenga la prohibición de contactar a otros involucrados en el caso por el mismo tiempo.
Vignaroli y Narvaez manifestaron además, que el caso se encuentra próximo a la realización del juicio de responsabilidad. El representante de la fiscalía de Estado y querellante, Gustavo Kohon adhirió a todos los pedidos del MPF.
El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de las partes acusadoras de forma parcial: extendió la prisión domiciliaria pero lo hizo por un plazo menor, de cuatro meses. En los mismo términos el magistrado extendió la la prohibición de contacto con el resto de las personas imputadas o testigos.
Como parte del equipo de la fiscalía también intervino la asistente letrada de la Unidad de Delitos Económicos Agustina Jara.
La causa:
La fiscalía investiga a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. En su esquema de acusación, determinó distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. En ese rol de “jefes” de la organización hay otros dos funcionarios: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.