Se busca afianzar la implementación de políticas públicas transversales a través de capacitaciones, como Ley Micaela, generación de estadísticas, campañas de difusión y articulación institucional.
El Gobierno provincial y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), formalizaron, a través de un convenio de cooperación, el trabajo que se viene realizando en conjunto con el objetivo de prevenir y erradicar las violencias por motivos de género y facilitar el acceso a la justicia, promoviendo la igualdad de oportunidades en la población.
La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, destacó que “esto es un gran paso, pero es una formalidad, ya que venimos trabajando hace mucho tiempo con el Poder Judicial. Este es un paso más en la conquista de las políticas públicas que tienen que ver con la perspectiva de género y con todo lo que es competencia a la hora de poder abordar las violencias, el abuso y tantas problemáticas que son transversales a muchas áreas del Estado”.
“Lo importante es que los poderes del Estado nos tenemos que organizar de tal manera de que más allá de quien conduzca, debe haber procedimientos establecidos que se tienen que respetar y robustecer para que todos tengamos una sociedad más justa”, sumó.
Por su parte, el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, manifestó que “desde el Poder Judicial queremos reconocer a la ministra Corroza por robustecer y sostener una política de género y agradecer la confianza en el Poder Judicial para implementar de manera conjunta y coordinada acciones para atender esta materia. Ratificamos nuestro compromiso en este sentido, sostenemos que hay políticas públicas transversales a los tres poderes del Estado y es ahí donde nos tiene que encontrar, trabajando”.

En tanto, la subsecretaria de las Mujeres, Lorena Barabini, explicó que este acuerdo “le da institucionalidad a un trabajo que ya venimos desarrollando en conjunto con el Poder Judicial y que tiene que ver con el fortalecimiento del Plan Provincial de Equidad de Género que el Ejecutivo provincial construyó para llevar adelante las políticas de promoción y prevención de derechos, del mismo modo que la mejora de todo el sistema normativo y de acción directa para que garanticemos una vida libre de violencias a nuestra población”.
En este sentido, explicó que es parte de las acciones conjuntas que se enfocarán en la aplicación de las normas que integran el Sistema de Protección Ïntegral, las leyes 2785 (Violencia Familiar) y 2786 (Violencia de Género), y de prevención, como lo es la Ley Micaela.
Por último, Débora Valle, directora de la Oficina de Acceso a la Justicia y coordinadora de Unidad de Gestión de la Oficina de la Mujer, explicó que el trabajo conjunto contemplado en el convenio “tiene una gran amplitud en cuanto a acciones de capacitación, prevención y visibilización de todo lo referido a la temática de género, interseccionalidad, vulnerabilidad y haciendo foco en las leyes 2785 y 2786″.
Además, indicó que se prevé, en coordinación con el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, brindar talleres que se dictan en el Poder Judicial para incorporar la perspectiva de género en los ámbitos institucionales.
De la firma del convenio participaron además la vocal del TSJ y responsable de la Oficina de la Mujer, Soledad Gennari, y Carla Pandolfi, asistente de Vocalía del TSJ.
Acciones:
El convenio formaliza acciones con perspectiva de género ya en marcha como así también su profundización, que contribuyan a la promoción y protección de los derechos; la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género; la equidad e igualdad de oportunidades y el acceso a la justicia con perspectiva de género.
El trabajo articulado se lleva adelante a través de la Oficina de la Mujer del TSJ y la secretaría de Género y Enlace Institucional del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.
Se continuará trabajando en la producción, intercambio y análisis de información y estadísticas vinculadas a las violencias por motivos de género; la articulación de protocolos de actuación y dispositivos institucionales de atención integral a personas en situación de violencia por razones de género; y el desarrollo de campañas de comunicación y acciones de difusión conjunta en materia de derechos humanos y género.
También en la generación de espacios de formación y fortalecimiento de capacidades institucionales; la coordinación interinstitucional para la intervención en casos específicos; y la promoción de instancias de capacitación, intercambio técnico y desarrollo de programas institucionales en articulación entre las partes.