Se destinaron 290 millones de peos durante octubre en concepto de asistencia económica a través de los programas de Protección Integral de Derechos, llegando a una población de 1.853 personas.
El Gobierno provincial concretó el pago mensual a beneficiarios de los programas de Políticas de Protección Integral de Niños, Adolescentes y Familia. Mediante la iniciativa de la subsecretaría de Familia, dependiente del ministerio de Gobierno, se designaron 290 millones de pesos para abonar la asistencia de octubre.
El pago de este beneficio se realiza de forma directa y sin intermediarios, a partir de un informe profesional que acredita situaciones de vulnerabilidad que requieran asistencia, elaborado por un equipo técnico interdisciplinario conformado por trabajadores sociales y psicólogos.
El objetivo de esta política pública, fundamentada en la Ley 2302, es garantizar los derechos sociales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la ejecución de acciones de asistencia integral, de forma coordinada con consejos municipales y organizaciones de la sociedad civil
A través de estos dispositivos se alcanzó en octubre a una población de 1.853 personas, contenidas en los subprogramas. Desde enero a octubre el Gobierno Provincial aprobó partidas por 1.565 millones de pesos para la ejecución de esta política pública.
Desde la subsecretaría de Familia destacaron que el uso de del Sistema Único de Registro (SUR), en un trabajo coordinado con otros organismos, permite agilizar y brindar más transparencia a las tareas de identificación de beneficiarios y el procesamiento y seguimiento de los datos.
Los programas:
A comienzos de esta gestión de gobierno, la subsecretaría de Familia puso en marcha tres programas de contención y asistencia a personas en estado de vulnerabilidad con vigencia hasta diciembre de 2024. Se trata de Políticas de Protección Integral de los Derechos del Niño, Adolescentes y Familia, Políticas de Protección Integral de los Derechos de la Familia y Políticas de Protección Integral de los Derechos de los Adultos Mayores.
Estos instrumentos fueron diseñados para proporcionar apoyo económico a aquellos que tienen menos recursos o se encuentran atravesando otras situaciones de vulnerabilidad y contribuyen a reducir las desigualdades económicas y sociales.