El bloque del MPN presentó un proyecto de presupuestos mínimos ambientales para la protección y conservación de los suelos irrigados, a fin de evitar la pérdida irreversible de su potencial productivo. A tal fin, se declaran de orden público provincial la conservación de tales suelos, la protección de los sistemas de riego artificiales en zonas productivas y la promoción de la educación ambiental vinculada a la conservación del suelo. La medida deriva del impacto que generan en la tierra los elevados índices de urbanización del último tiempo, en particular en el Departamento Confluencia.

El objetivo de la propuesta es proteger los suelos irrigados, mediante la promoción de  prácticas sostenibles de manejo del suelo, así como también prevenir la degradación y garantizar su uso adecuado para la producción agropecuaria. Entre las medidas impulsadas a tal fin, se prohíben las prácticas o cambios en el uso y manejo del suelo que provoquen procesos de deterioro con efectos irreversibles en la capacidad productiva del suelo irrigado, a excepción de las acciones necesarias para actividades productivas y la construcción de viviendas familiares de los propietarios.

La iniciativa contempla la puesta en marcha de una serie de medidas orientadas a la conservación de tales suelos que requieren del riego artificial ara mantener su capacidad productiva, entre ellas la creación del Consejo de Protección de los Suelos Irrigados (CoProSI), con carácter de organismo autárquico, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, así como también un fondo destinado a la protección y conservación de tales suelos. Dicho fondo está compuesto por asignaciones específicas, designadas por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto anual.

Con igual criterio se crea un programa provincial específico en la materia, en el que se prevé la incorporación de la educación ambiental.

El articulado incluye, además, una serie de obligaciones para los productores, incluyendo arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios, ocupantes y tenedores, entre las que figuran la necesaria colaboración para la implementación de un plan de manejo para la conservación y para el monitoreo dentro de la unidad productiva.  

Los fundamentos indican que es se deben “tomar decisiones objetivas que incorporen aspectos económicos, ambientales y sociales” en relación con el cambio del uso del suelo, ya que este provoca modificaciones en sus características y en el funcionamiento de los ecosistemas. Entre los de mayor impacto, figuran los procesos de urbanización que pueden generar fragmentación del hábitat, consecuencias negativas en las poblaciones de flora y fauna nativas, así como también la pérdida de servicios eco-sistémicos.

Más adelante agregan que uno de tales servicios eco-sistémicos más importantes para la sociedad es el de provisión de alimentos. Para ello es necesario tener suelos disponibles y con las condiciones adecuadas para poder producir, lo que significa que se requieren suelos que no hayan sufrido procesos de deterioros significativos ni irreversibles. En ese sentido, enfatizan que “la conservación del suelo como capital natural es estratégico y fundamental para asegurar la soberanía alimentaria en una determinada región”.

Los diputados y las diputadas refieren al cambio del uso del suelo que ha tenido la provincia en las últimas décadas, en particular en el Departamento Confluencia, con el loteo de grandes porciones de tierras que funcionaron como chacras originalmente. Mencionan por caso que, de las 60 mil hectáreas que se comenzaron a irrigar en el año 1916 con el Dique Ingeniero Ballester, hoy quedan aproximadamente sólo diez mil hectáreas en producción.

En otro tramo, aluden a los valores asociados a la producción agraria en la provincia, con un valor de mercado de 100 mil millones de dólares por año, 15 mil puestos de trabajo en el sector productivo sobre suelos irrigados y un aporte a nivel nacional de 70 mil millones al año en exportaciones.

En la actualidad, la producción agropecuaria representa un valor de mercado de $ 100 MM U$S por año. El sector productivo sobre suelos irrigados en Neuquén genera aproximadamente 15.000 puestos de trabajo genuinos y favorece la dinamización de la economía regional. A nivel nacional, la producción neuquina aporta aproximadamente $70 MM U$S al año en exportaciones.

Por último, explican que la ley 1875 aporta herramientas para la conservación de los recursos naturales pero, ante la situación actual del uso de los suelos en la provincia, es necesario avanzar en una normativa específica que tienda exclusivamente hacia la conservación de los suelos arriados.